La Junta de Andalucía ha acordado impulsar un «protocolo de actuación para la salvaguarda del patrimonio en caso de emergencia con potencial daño del mismo, en los espacios culturales de titularidad de la Administración» autonómica.
Así se desprende de un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la reunión que mantuvo el pasado 30 de abril, donde se tomó conocimiento del impulso de dicho protocolo de actuación en cuya elaboración está previsto que colaboren las consejerías de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de Turismo, Cultura y Deporte.
Según recuerda la Junta en el acuerdo en el que da cuenta del impulso de este protocolo, «la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía constituye (...) uno de los principios rectores que deben orientar las políticas de los poderes públicos de la comunidad autónoma», y el artículo 68.3.1º) del Estatuto de Autonomía «atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución».
Las consejerías de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de Turismo, Cultura y Deporte «han iniciado un proceso de cooperación y trabajo encaminado a la elaboración» del referido protocolo partiendo de las competencias asignadas que se acercan a este objetivo.
Así, en el propio acuerdo del Consejo de Gobierno se detalla que «la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa tiene atribuidas competencias en materia de protección civil y emergencias», mientras que «corresponde» a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte «la propuesta, desarrollo, ejecución, coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía en materia de cultura».
«En ejecución de estas competencias, ambas Consejerías han iniciado un proceso de cooperación y trabajo encaminado a la elaboración de un documento en el que se establezcan las líneas estratégicas de colaboración y se definan las actuaciones relacionadas con la protección del Patrimonio Histórico y Cultural a adoptar ante posibles riesgos y emergencias que puedan afectarles», confirma el acuerdo del Gobierno andaluz que pasó por la mesa del Consejo el pasado 30 de abril.
El impulso de este protocolo de la Junta parte de la premisa de que «el patrimonio histórico y cultural constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente», y sostiene que la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, «constituye el marco legal adecuado para su protección».
"gran número de bienes protegidos" en andalucía
La Junta pone de relieve además que «Andalucía cuenta en la actualidad con un gran número de bienes protegidos, muchos de ellos catalogados como Bienes de Interés Cultural y ocho importantes conjuntos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial por la Unesco».
Al hilo, desde el Gobierno andaluz advierten de que «los daños en los bienes que integran este Patrimonio Histórico y Cultural, con ocasión de fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, terremotos, incendios u otros eventos de naturaleza catastrófica, especialmente agravados como consecuencia del cambio climático o la despoblación del territorio, además de precisar una intervención especializada y multidisciplinar para su conservación, protección y consolidación, a veces pueden resultar irreparables, produciendo la pérdida total o parcial de elementos protegidos, causando además de un importante daño económico, un fuerte impacto social».
Igualmente, desde la Junta subrayan que «el patrimonio histórico y cultural desempeña un papel crucial para reducir las vulnerabilidades y proporcionar valiosos activos para el desarrollo social y económico sostenible de una región, al atraer inversiones, crear empleo o generar recursos naturales renovables, sobre todo en las fases de recuperación de posibles eventos catastróficos», y, por eso, «la protección de este patrimonio en caso de desastre es de suma importancia para nuestra comunidad».
Al hilo, desde el Gobierno andaluz aluden al Plan Nacional de Emergencias y Gestión de riesgo en el Patrimonio Cultural, aprobado en el Consejo del Patrimonio Histórico Español en el año 2015 y en el que participa la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, formando parte de su comisión de seguimiento, que establece «varias líneas de trabajo» entre las que figuran «la elaboración, implantación y mantenimiento de Planes de Salvaguarda para bienes culturales integrados en la planificación de emergencias de la Comunidad».
Así las cosas, el Consejo de Gobierno ha llegado a la conclusión de que «se pone de manifiesto la necesidad de colaboración entre la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para avanzar conjuntamente en las respectivas responsabilidades de ambas Consejerías en la materia, compartiendo sinergias y aunando esfuerzos, con el objetivo principal de protección de las personas y del patrimonio histórico y cultural ante los posibles riesgos y sus consecuencias».
Además, «con esta iniciativa, la Administración de la Junta de Andalucía da cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto Social y Económico suscrito con los agentes económicos y sociales el pasado 13 de marzo de 2023, al ejecutar actuaciones de impulso para el fomento de la cultura como factor fundamental en la creación de identidad, prestigio, formación, empleo y riqueza», según añade también el acuerdo del Consejo de Gobierno relativo al impulso de dicho protocolo de actuación para la salvaguarda del patrimonio en caso de emergencia con potencial daño del mismo, en los espacios culturales de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía, que viene firmado por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
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